Common Edge es una organización sin ánimo de lucro con la función, en sus propias palabras, de «reconectar la arquitectura y el diseño con el público al que debe servir». Se trata de un grupo de expertos y profesionales que busca «generar los recursos necesarios para investigar, publicar y abogar por una implicada comunidad de diseñadores, escritores, funcionarios públicos y ciudadanos activistas comprometidos con la creación de diseños que manifiesten las más altas aspiraciones de una sociedad democrática». Con el título de Acuerdo general para la práctica de la arquitectura contemporánea, Common Edge ha recogido a lo largo del tiempo, gracias a aportaciones voluntarias de diseñadores, arquitectos y otros profesionales y ciudadanos, una serie de principios y propuestas para ejercer la disciplina en armonía con esas «más altas aspiraciones».

El primer principio con el que nos encontramos es el de que «la expresión arquitectónica debe derivarse de su contexto urbano, cultural y climático, y no sólo de la voluntad de dar forma del diseñador». No podemos dejar de compartir esta idea, ni subrayar la precisión que hace con las palabras «no solo», por más que no siempre se siga en la arquitectura contemporánea. En definitiva, se trata de ejercer el oficio con los pies en la tierra, y no en un reino aislado y sin limitaciones, o, dicho de otra forma, de practicar la arquitectura de forma realista, sin perderse en un mundo de fantasía.

Sin ir más lejos, y a modo de ejemplo, la eficiencia energética y la sostenibilidad son exigencias del actual contexto urbano, climático y casi cultural. No obstante, en otro de los principios del manifiesto se asegura que «la arquitectura necesita el apoyo del ecologismo, la ingeniería y la sociología, pero no debe estar dominada por sus prerrogativas». Como se aprecia, el ejercicio del oficio debe discurrir así en una especie de equilibrio entre la pura creatividad, el contexto y la propia autonomía. Y en el siguiente hito del «acuerdo general» se profundiza en esta cuestión, cuando se afirma que los edificios no son un artículo de consumo y, por tanto, no deben someterse a los dictados de la moda o del mercado. De hecho, la función de la arquitectura es «apaciguar el salvajismo del comercio».

En un contínuo movimiento de profundización hacia la autonomía del oficio, poco más abajo se indica que las formas en arquitectura no deben ser condenadas por «las guerras culturales», sino que sus producciones deben trascender las circunstancias de su creación, de forma que sean «útiles y queridas por las culturas posteriores». Por otra parte, la «búsqueda de la originalidad condena a las ciudades a la incoherencia y el trabajo del arquitecto a una obsolescencia injustificada». Al fin y al cabo, «la arquitectura tradicionalista y la modernista deben tener el mismo rango» y los edificios «no deben evaluarse por su ideario, sino por su calidad».

Pero el acuerdo matiza todavía un poco esa autonomía de la arquitectura cuando exige a los arquitectos que «no impongan ideas no probadas» a sus clientes y promotores. No obstante, sugiere que «deben sentirse libres para experimentar», ya que dichos clientes y promotores conservan la potestad de abandonar los proyectos en caso de necesidad. Y, a pesar de todo, «el diseño urbano depende de que la arquitectura se practique como un esfuerzo colectivo y no como un medio de diferenciación de la marca profesional». Es más, «la gran escala de las estructuras» debe atemperarse con «el detalle a pequeña escala» que afecta a los «frágiles seres humanos», ya que «la arquitectura definida únicamente por abstracción es la intimidación convertida en hormigón».