Hay 134 centros en España. La gente que vive en las grandes ciudades tiene un conocimiento de los animales salvajes y sus hábitats un tanto peculiar: se limita, habitualmente, a lo que ven por la tele, leen en algunos medios o ven con sus propios ojos cuando visitan algún parque zoológico. Unos centros que, en los últimos años, se han convertido en unos de los principales adalides de la conservación de estas especies.

Para potenciar este tipo de trabajos, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios han firmado un acuerdo para desarrollar actuaciones conjuntas en materia de conservación de especies amenazadas, lo que supondrá una mayor participación de los centros españoles en programas de investigación y educación.

Muchos, sin embargo, ya llevan años aplicándolos. Es el caso del Zoo de Madrid, que trabaja en colaboración con algunos de los más importantes centros europeos en distintos programas de cría en cautividad de especies amenazadas. «La idea que subyace en estos proyectos es crear poblaciones de animales nacidos en zoológicos que puedan ser una alternativa a poblaciones naturales, para que si se necesita reforzar la población de animales salvajes exista una reserva en los zoos», aseguró a elmundo.es Enrique Sáez, biólogo y veterinario del centro.

Los frutos de este tipo de programas son múltiples, y algunos de ellos ya tienen un éxito visible in situ, como las gacelas dorca nacidas en las instalacioens madrileñas y que desde hace unas semanas corren libres en Senegal. O los pandas rojos, uno de los más fructíferos programas de investigación y conservación que se desarrolla en el zoo madrileño y que ya ha logrado repartir ‘panditas’ por medio mundo.

Y es que tanto para el Ministerio de Medio Ambiente como para los diferentes parques españoles se ha convertido en prioritaria la puesta en marcha de programas de conservación de especies amenazadas con fines de repoblación o reintroducción en el medio silvestre. ‘El Acebuche’, en Doñana, ya es un referente mundial por sus avances en la reproducción de linces, y fundaciones como la del Oso Pardo o la de Biodiversidad colaboran con zoos y centros de recuperación animal para evitar la desaparición de especies vitales en la Península, com el oso, el águila imperial o el quebrantahuesos.

Percisamente para tratar de impulsar aún más este tipo de programas, Medio Ambiente y la Fundación Biodiversidad han editado una guía para animar a los centros de toda España a que adopten todas las medidas recogidas en la normativa europea sobre conservación de fauna salvaje en parques zoológicos.

Un libro que pretende servir de ayuda a centros, visitantes y administraciones a aplicar la normativa para que estos centros no sean ‘aparcaderos’ de animales, y que también ayuda al gabinete de Narbona a salir al paso o de la denuncia efectuada por la Unión Europea hace tan sólo unas semanas, que abrió un procedimiento de infracción contra España por el mal estado en que reencuentran 96 zoológicos.

Sin embargo, según Agustín López, vicepresidente de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios (AIZA), «la calidad de los parques ha aumentado muchos desde hace unas décadas», que en materia de educación, conservación y bienestar animal se encuentran al mismo nivel que el resto de los europeos.

Los objetivos de la directiva europea son proteger la fauna silvestre y conservar la biodiversidad mediante la adopción, por parte de los Estados miembros, de medidas relativas a la autorización e inspección de los parques zoológicos en la comunidad, potenciando así su papel en la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, según la ministra del ramo, Cristina Narbona, el grado de implantación en españa es «claramente insatisfactorio».

Sólo tres comunidades autónomas -Madrid, Navarra y Andalucía- cumplen plenamente la ley de conservación de fauna silvestre en los parques zoológicos. De los 134 parques zoológicos españoles, sólo 47 están en estas regiones, «aunque eso no implica que el resto no cumpla la normativa, sólo que no han designado aún quién debe velar por ese cumplimiento», remarcó Narbona.

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