La Federación de Fabricantes de Equipos y Constructores de Piscinas, Saunas y Spas cree que la decisión de la Generalitat de mantener las restricciones de agua les “discrimina”.

Los fabricantes y constructores de piscinas han denunciado sentirse “criminalizados” por la prohibición de llenar con agua estos espacios, una medida que está provocando graves perjuicios al sector, que se enfrenta a pérdidas de hasta 200 millones de euros, la mitad de su facturación anual.

Los responsables de la Federación de Fabricantes de Equipos y Constructores de Piscinas, Saunas y Spas (FAPS) han comparecido en rueda de prensa para exponer su postura acerca de la intención de la Generalitat de mantener las restricciones en el uso del agua potable para fines lúdicos, pese a haberse superado la situación de excepcionalidad 2 por la sequía.

El presidente de la entidad, Josep Sadurní, ha asegurado que con esta decisión no se da respuesta al problema de la escasez de agua, sino que se “discrimina” y “criminaliza” a un sector de gran potencial que sólo en Cataluña agrupa a más de 600 empresas y da trabajo, de manera directa e indirecta, a unas 15.000 personas.

Según Sadurní, esta restricción ha provocado que actualmente sólo se estén construyendo el 30 por ciento de las piscinas previstas, una caída de la actividad que, de mantenerse, puede acarrear al sector pérdidas de entre 150 y 200 millones de euros, más de la mitad de su facturación anual, que es de unos 300 millones.

Inevitablemente, esta prohibición comportará el cierre de algunas empresas y la reestructuración de muchas plantillas, una situación que puede comportar que entre el 30 y el 40 por ciento de los empleados del sector, es decir, unas 5.000 personas, pierdan sus puestos de trabajo. “Se está actuando como si las piscinas fueran las culpables de la escasez de recursos que sufre Cataluña, cuando su consumo de agua sólo supone el 0,6 por ciento del total”, ha indicado Sadurní, que ha tachado de “desproporcionada” la decisión de prohibir el llenado de piscinas teniendo en cuenta los nefastos efectos económicos que puede ocasionar.

El vicepresidente de la FAPS, Lluís Cortés, ha asegurado que existe un concepto equivocado de la piscina, un equipamiento que a menudo se ve como “un lujo prescindible” o una “instalación malgastadora” cuando, en realidad, es un espacio “sostenible y un complemento de salud”.

De las cerca de 800.000 piscinas que conforman el parque español, unas 150.000 están ubicadas en Cataluña, principalmente en el área de Barcelona, donde desde principios de año está prohibido el uso del agua potable para fines lúdicos, como puede ser el lavado de coches, el riego de jardines y el llenado de piscinas, acciones que pueden comportar sanciones de hasta 3.000 euros.

La FAPS sostiene que las piscinas catalanas utilizan aproximadamente un 0,6 por ciento del agua potable que se consume en Cataluña, si bien el volumen de agua necesario en estos momentos para el llenado de estas instalaciones es “insignificante”, ya que “nos encontramos en el final de la campaña” y, además, el 85 por ciento de los propietarios mantienen el agua a lo largo del año. “Sólo se necesitarían 0,05 hectómetros cúbicos de agua, una cantidad irrisoria”, ha señalado Cortés, que considera el mantenimiento de las restricciones en el sector de la piscina una medida “política” e injustificada.

Josep Sadurní ha remarcado que la FAPS es consciente de que el agua “es un bien escaso” y por ello ha editado una serie de recomendaciones para propiciar el ahorro de agua en estos equipamientos.

Esta federación ha mantenido asimismo en los últimos meses varias reuniones con la Agencia Catalana del Agua (ACA) con el fin de hallar soluciones a las restricciones impuestas por la Generalitat, aunque estos encuentros, por el momento, no han derivado en soluciones aplicables.

Los fabricantes de piscinas han planteado la posibilidad de llenar estas instalaciones con agua de mar, regenerada o la procedente de pozos y acuíferos.

Según Cortés, un correcto tratamiento de estas aguas no potables permitiría garantizar la salubridad de las mismas.

La Vanguardia

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